Relaciones multilaterales
Corte Penal Internacional (CPI)
La Corte Penal Internacional (CPI) se rige por el Estatuto de Roma, el primer tratado permanente establecido para ayudar a acabar con la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves contra la humanidad, de grave trascendencia para la comunidad internacional.
La CPI es una organización internacional independiente con sede en La Haya, Países Bajos. Aunque los gastos de la Corte son financiados principalmente por los Estados Partes, también recibe contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas y otras entidades.
La comunidad internacional siempre ha aspirado a la creación de un tribunal internacional permanente, y, en el siglo 20, se llegó a un consenso sobre las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los juicios de Nuremberg y Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron un precedente que serviría a la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la paz, y crímenes de lesa humanidad cometidos.
En la década de 1990, tras la terminación de la Guerra Fría, los tribunales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Rwanda fueron el resultado de un consenso de que la impunidad es inaceptable. Sin embargo, debido a que fueron establecidos para juzgar los crímenes cometidos sólo dentro de un plazo determinado y durante un determinado conflicto, hubo acuerdo general en que un tribunal independiente, penal permanente se necesitaba.
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El Ecuador y la Corte Penal Internacional
El Ecuador firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero de 2002.
La participación del país destaca por su constante adecuación normativa y su respaldo político a la justicia transnacional, consolidando hitos institucionales específicos como la elección del ciudadano ecuatoriano Osvaldo Zavala Giler como Secretario de la CPI (Registrar) para el período 2023-2028, posicionándose así en la alta dirección de este órgano judicial. Asimismo, la Asamblea Nacional de Ecuador fortaleció la relación con el organismo mediante la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, la cual viabiliza y regula formalmente la ejecución de solicitudes de asistencia, recolección de pruebas y entrega de requeridos por la justicia internacional dentro del territorio nacional. En el ámbito político y procesal, Ecuador ha intervenido activamente en los mecanismos de la Corte; ejemplo de ello fue su integración en el comité de Presupuesto y Finanzas y su mandato de seis años en el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, órgano ejecutivo clave encargado de supervisar e implementar las medidas de reparación globales.
